Hace 10 años que el Ministerio de Cultura auditó las cuentas de la SGAE por última vez. Desde entonces ninguna institución pública ha supervisado los balances de la sociedad de autores.
La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 1996, establecía que “el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorias y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos”.
Sin embargo, una resolución del Tribunal Constitucional ante una demanda contra el artículo 157 de dicha Ley interpuesto por Cataluña y País Vasco, indicó que este control debería ser potestad de las Comunidades autónomas.
Por tanto y aunque está claro que “el Constitucional no ha cuestionado la capacidad de auditar las cuentas de la SGAE, sino tan sólo quién lo debe hacer”, los distintos gobiernos han pasado de modificar el artículo aludido, por lo que la SGAE y el resto de entidades van por libre y escapan al obligado control gubernamental.
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elEconomista
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